¿Cambio de rumbo hacia el mundo popular?

Andrés Sanfuentes

Después del último cambio de gabinete, el gobierno ha resuelto tomar la iniciativa, perdida a causa del deterioro de su popularidad y las masivas protestas de los últimos meses.



Varias propuestas reflejan un énfasis diferente en sus objetivos. La primera, las palabras de Piñera que “los chilenos y chilenas no toleran los grados excesivos de desigualdad que han cruzado a nuestra sociedad desde hace tanto tiempo”, agregando que ”las desigualdades que vivimos en Chile son excesivas y yo siento que son inmorales, que están atentando contra lo que es la esencia de una sociedad que es su cohesión y armonía interna”. Aquí se observa una modificación en los objetivos básicos de la gestión presidencial: el problema central deja de ser la pobreza extrema para pasar a la desigualdad, lo cual implica la realización de políticas públicas no solamente diferentes, sino la canalización de cuantiosos recursos fiscales para atenuarla.

A las diferencias de calidad en la educación escolar se ha sumado la enseñanza superior; en la salud se vive en dos mundos diferentes; la reconstrucción espera; y ahora se ha sumado la insatisfacción de las clases medias requiriendo ¿cuándo nos toca a nosotros?
A las palabras anteriores se unen las acciones emprendidas por el ministro Longueira, que ha puesto el foco en la defensa de los consumidores, la parte débil en los mercados, a lo cual ha agregado el fomento de los pequeños empresarios.

Otra iniciativa anunciada por Piñera va en una dirección similar: reaccionar ante las demandas ciudadanas. En su paso por Arica, la ciudad de los permanentes crespones negros y la depresión, comunicó el envío de un “Plan de Incentivos Especiales para Zonas Extremas”, el cual también daría respuesta a la rebelión magallánica. Se prorrogaría la bonificación a la mano de obra, del 17% de la remuneración imponible al empleo zonal hasta el año 2025; el actual crédito tributario a la inversión, imputable al pago de impuestos de 1ª categoría, se ampliaría hasta 2045; y se extendería el Fondo de Fomento de Zonas Extremas, que bonifica a las inversiones regionales también hasta 2025; a lo cual se agregarían otras facilidades para esos territorios. El costo del Plan sumaría US$ 2.100 millones, poco más de la mitad del Plan GANE para la Educación.

Estas franquicias que se prorrogan ya fueron mal evaluadas por el Banco Mundial cuando las estudió, con argumentos convincentes, especialmente por su carácter redundante, es decir, favorecen a inversionistas que ya están instalados o que realizarían la labor sin los estímulos. Además de su carácter regresivo, tienen el inconveniente propio de de todas las franquicias: los beneficios son nítidos y atractivos para quienes los reciben, pero difusos y permanecen ocultos para los que en definitiva terminan pagándolos. Porque siempre hay una transferencia de ingresos al interior de la sociedad, favorecen a unos en perjuicio de los demás. Por eso las políticas de finanzas públicas deben privilegiar los subsidios en vez de las franquicias; ellos aparecen anualmente en la ley de presupuesto y no quedan escondidos en las cuentas fiscales. Un ejemplo de subsidio, incluido en el Plan, es la construcción del entubamiento en el canal Azapa y la pavimentación de caminos en Aysén. Sin embargo, “si la gente lo pide….”, aunque se caiga en el terreno de las discrecionalidad.

Naturalmente esta nueva estrategia redistributiva requeriría de muchos recursos para ser efectiva. Algunas voces del gobierno ya se han abierto a la necesidad de reformas tributarias; la alternativa sería gastar los recursos del cobre, pero ¿y el tipo de cambio?
Aquí surgen variadas contradicciones y tensiones: entre Hacienda y Economía; entre los empresarios y los consumidores contrarios al “lucro”; entre los economistas neo liberales y la UDI popular que quiere conservar el poder.

A ellos se suman demasiados ministros presidenciables y la oposición “avivando la cueca”.